El crimen organizado está acostumbrado a ajustarse rápidamente a lo que representa un mundo globalizado y cambiante. Un escenario de emergencia como el generado por el COVID-19 está poniendo a prueba una vez más su capacidad de adaptación, por lo que quienes trabajamos por coartar sus capacidades debemos redoblar ahora nuestra vigilancia.
La capacidad camaleónica de la delincuencia transnacional se testimonia en cómo el narcotráfico, por ejemplo, presenta cambios en su cadena ilícita de comercialización, cuando en el marco de la crisis sanitaria vigente pretende introducir mercancía ilícita entre cargamentos con material sanitario.
La lista de manifestaciones entre sus distintas modalidades es larga e incluye entre ellas a una repotenciación de los ciberdelitos, y el aprovechamiento para fraudes y ventas de productos médicos falsificados —incluyendo mascarillas y medicamentos.
La aptitud de la delincuencia transnacional para encontrar oportunidades en la emergencia no debiera sorprender. Sin embargo, todas estas manifestaciones sí puede que sean apenas la punta de un nuevo “iceberg criminal”, frente al cual los Estados deberán replantearse cómo enfrentarlo.
Renovado desafío a los Estados
Ante tales realidades, es esencial que el crimen organizado no aproveche la presente crisis para salir reforzado. En un contexto en el que la prioridad de los Estados es lógicamente combatir la pandemia y sus devastadores efectos directos —en medio de una crisis económica y con sistemas de seguridad sobrecargados— también debemos prestar especial atención a que allí donde no están llegando los Estados quiere llegar la organización criminal.
En una primera dimensión, a nivel de la calle, las organizaciones criminales han terminado cumpliendo un rol social a través de diversas formas: desde la asistencia sanitaria en emergencia hasta el hacer cumplir cuarentenas en sus zonas bajo control. Es un verdadero desafío al Estado, porque si el Estado no está presente, el crimen organizado lo hará en su lugar, explotando las necesidades.
Con ello el crimen organizado ganará influencia. Esto despierta múltiples preocupaciones, pudiendo su accionar encontrar una nueva oportunidad para generar más simpatías; o directamente catalizar más recursos humanos.
El desafío de las organizaciones criminales al poder del Estado no es nuevo tampoco. Lo que hace la presente crisis es darle visibilidad a muchos desafíos latentes, pero que ahora podrían retroalimentarse y demandar nuevas acciones.
El jaque financiero del crimen
Hay una segunda dimensión sobre la cual advertir un peligro aún mayor ante el accionar del crimen y su carrera contra la presencia de los Estados, que devendrá de la crisis económico-financiera proyectada.
Ante la falta de dinero, los criminales podrían entrar en muchos sectores y, sobre todo, en aquellos que más efectos adversos enfrenten por las consecuencias económicas de la pandemia, tales como el sector turístico y el de entretenimientos.
Esto requerirá realizar esfuerzos extras para combatirlo, empezando por fortalecer los mecanismos de cooperación y capacidades de control existentes, y en particular aquellas sobre operaciones de lavado de activos e inteligencia financiera.
Este tipo de escenario es el riesgo sobre el que el escritor y periodista Roberto Saviano advierte en The Guardian: que en la actual pandemia los cárteles vayan al rescate de empresas, lo que convierte la crisis actual en una oportunidad para las mafias y el crimen organizado. Saviano recuerda acertadamente cómo tras la crisis financiera de 2008, los capitales del crimen organizado encontraron una oportunidad para salvar la liquidez de muchos bancos.
En nuestra región, hubo ya advertencias preliminares realizadas por organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sobre los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el contexto de COVID-19.
Oportunidad también para la cooperación
Por ello es importante que los Estados reaccionen ante este peligro. Para que la presente crisis no se torne en una gran oportunidad para el crimen, sino para los Estados y el multilateralismo, se deben ajustar las políticas de Seguridad y trabajar sobre las capacidades de control ante la nueva realidad post-COVID-19.
Ese contexto de emergencia de fenómenos globales desafiantes y amenazantes realza el valor de la cooperación internacional para enfrentarlos. En nuestra región, el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como foro político por excelencia de las Américas, y el rol del Consejo Permanente de la OEA y su Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), en particular, resultan clave y ya han demostrado adaptarse a los nuevos tiempos.
Al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA participa en distintos mecanismos y ámbitos institucionales a nivel hemisférico en los que está buscando apoyar a los Estados Miembros a prevenir y combatir el avance de la delincuencia organizada transnacional.
Dentro de tales mecanismos el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), cuya Secretaría Técnica reposa actualmente bajo la responsabilidad del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, constituye un Foro Especializado por excelencia para compartir desafíos institucionales identificados y proyectar asistencias técnicas ante los riesgos advertidos.
Ante el escenario de excepcionalidad en que nos encontramos, al igual que debemos apelar a especialistas para discutir las opciones sanitarias y económicas, debemos hacer lo propio en el ámbito de la Seguridad bajo una perspectiva integral.
Eso es lo que estamos haciendo también desde la OEA, a partir del lanzamiento de un portal abierto a la sociedad, junto a una serie de actividades que incluyen el abordaje del combate contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En conclusión: ante las primeras reacciones de la Delincuencia Organizada Transnacional al COVID-19, resulta imprescindible fortalecer el intercambio de información y experiencias en la región a través de la cooperación internacional. Pero debemos ser conscientes de que estas primeras alertas son apenas la punta de un nuevo “iceberg criminal”, sobre el cual los Estados deberán seguir trabajando para fortalecer sus capacidades contra el crimen organizado y procurar atacar su alto poder corruptivo.
El autor es director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA)